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Codigo penal de nicaragua

Codigo penal de nicaragua

[en directo] zahid hamidi se enfrenta a varios cargos

En 2006, Nicaragua aprobó un código penal que penaliza el aborto en todas las circunstancias, incluido cualquier tratamiento médico a una mujer embarazada que provoque la muerte o lesiones a un embrión o feto.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a pesar de la mejora de los indicadores nacionales de salud sexual y reproductiva, Nicaragua sigue teniendo una de las tasas de embarazo adolescente y mortalidad materna más altas de la región de las Américas, en particular en los grupos de población rural de menores ingresos.

POR LO TANTO, la Asociación Médica Mundial y sus miembros constituyentes instan al gobierno nicaragüense a derogar su código penal que penaliza el aborto y a desarrollar en su lugar una legislación que promueva y proteja los derechos humanos, la dignidad y la salud de las mujeres, incluido el acceso adecuado a la atención sanitaria reproductiva, y que permita a los médicos desempeñar sus funciones en consonancia con la ética médica y, en particular, con el secreto médico.

Código Penal indio

Nicaragua está situada en el corazón de Centroamérica. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el océano Pacífico y al este con el mar Caribe. Tiene una superficie de 130.373,47 km2 y una población aproximada de 6 millones y medio de habitantes. Managua es la capital del país. El español es el idioma oficial, aunque en la Costa Atlántica se hablan diversos dialectos.

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La Constitución Política de Nicaragua es la ley suprema del país. Fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 19 de noviembre de 1986 y entró en vigor el 9 de enero de 1987. Su marco contiene títulos, capítulos y cada disposición se numera como un artículo. Originalmente, la Constitución tenía 202 artículos en total, algunos de los cuales fueron derogados en 2014. La Constitución de Nicaragua pasó por cuatro reformas parciales principales.

La Reforma de 1995: Se realizó a través de la Ley Nº 192 de Reformas Parciales del 15 de junio de 1995 y publicada en la gaceta oficial [1] Nº 124 del 4 de julio de 1995. Fueron modificados 62 de los 202 artículos del texto constitucional en diversos temas, entre ellos derechos individuales, derechos políticos, derechos sociales, derechos de la familia, defensa nacional, economía nacional, reforma agraria, hacienda pública, educación y cultura, estructura del gobierno y asuntos municipales y comunales. El principal objetivo de esta reforma era equilibrar los poderes del Estado, asignando funciones al Poder Legislativo que redujeran el poder del Presidente para controlar el sistema político.

Mujer en prisión preventiva por el asesinato de su marido

Los jueces y fiscales de estos juicios han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio Código Penal de Nicaragua; la presunción de inocencia fue violada por la Fiscalía en una nota pública, calificando a los detenidos de "delincuentes" y "criminales".

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Como han mencionado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las personas encarceladas fueron detenidas por motivos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución de Nicaragua. Muchos de los presos políticos llevan más de ocho meses recluidos en régimen de incomunicación, algunos de ellos sometidos a interrogatorios diarios o a prolongado régimen de aislamiento. Sólo han visto a sus familias en contadas ocasiones. Como ha señalado la ONU en repetidas ocasiones, estas condiciones de detención suponen riesgos reales para la integridad física y mental de los presos y pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos y degradantes, o incluso a tortura.

Desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo el encarcelamiento sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes empresariales.

3 detenidos por violación de menores

El 11 de junio de 1992, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una serie de enmiendas al Código Penal relativas a delitos sexuales. El artículo 204 del Código Penal, en su versión modificada, estableció el delito de "sodomía".

En noviembre de 1992, una coalición conocida como Campaña por una Sexualidad sin Prejuicios, formada, entre otros, por abogados y activistas gays y lesbianas, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, impugnando la ley por inconstitucional. El recurso presentaba argumentos detallados en los que se afirmaba que el artículo 204 del Código Penal revisado violaba 12 artículos de la Constitución nicaragüense, entre ellos el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y a la no discriminación ante la ley. También argumentó que, al violar estos derechos, el artículo 204 contravenía las normas internacionales de derechos humanos. En marzo de 1994, el Tribunal Supremo rechazó el recurso, concluyendo que el artículo 204 no violaba ninguno de los derechos garantizados en la Constitución.

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Posteriormente, informaciones aparecidas en los medios de comunicación y procedentes de activistas de derechos humanos de Nicaragua indican que el presidente Enrique Bolaños habría ordenado elaborar una lista de todos los miembros de su gobierno "sospechosos" de pertenecer al "mundo gay-lésbico" para poder destituirlos antes de dejar el cargo en enero de 2007, tras las elecciones de noviembre de 2006. Este tipo de homofobia de alto nivel preocupa a Amnistía Internacional, ya que da sanción oficial a los actos de violencia cometidos contra personas LGBT.

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