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Biden apunta a la industria del oro de Nicaragua en una nueva medida contra Daniel Ortega La orden de Biden y otras medidas anunciadas el lunes son quizás el intento más agresivo de EE.UU. para responsabilizar a Ortega por sus continuos ataques contra los derechos humanos y la democracia.
MIAMI - El gobierno de Biden está aumentando la presión sobre el régimen autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibir a los estadounidenses hacer negocios en la industria del oro del país, planteando la posibilidad de restricciones comerciales y retirando los visados estadounidenses a unos 500 funcionarios del gobierno. Las medidas, derivadas de una orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Joe Biden, son el último y quizá más agresivo intento de Estados Unidos de responsabilizar al antiguo líder de la guerrilla sandinista por sus continuos ataques contra los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano, así como por su continua cooperación en materia de seguridad con Rusia. Las anteriores rondas de sanciones se han centrado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y miembros de su familia y círculo íntimo. Pero ninguna de esas medidas ha logrado aflojar el control de Ortega sobre el poder. El último objetivo del gobierno de Ortega: la Iglesia Católica Romana. En agosto, las fuerzas de seguridad allanaron la residencia de un obispo y lo detuvieron junto con otros miembros del clero.
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Policías antidisturbios montan guardia frente a la casa de Cristiana Chamorro, ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y candidata presidencial de la oposición, en Managua el 2 de junio de 2021, el día en que la policía nicaragüense allanó su domicilio sin orden judicial y la puso bajo arresto domiciliario.
Desde su llegada al poder en 2007, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha desmantelado casi todos los controles institucionales del poder presidencial. El Consejo Electoral, integrado por partidarios del presidente, destituyó a los diputados de la oposición en 2016 y ha prohibido los partidos políticos de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Una enmienda constitucional aprobada por el partido del presidente Ortega, que controla la Asamblea Nacional, abolió los límites a los mandatos en 2014. El presidente Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo en noviembre, en medio de la represión gubernamental contra los críticos y la oposición política. Muchos gobiernos de la región y de Europa afirmaron que las elecciones no habían cumplido las garantías mínimas para ser consideradas libres y justas.
Situación en nicaragua
CIUDAD DE MÉXICO - El Frente Sandinista de Liberación Nacional completó su dominio político de Nicaragua el lunes, cuando las autoridades electorales dijeron que había ganado el control de los 153 municipios del país en unas elecciones que los críticos calificaron de injustas.
En las elecciones del domingo, el partido del presidente Daniel Ortega ya controlaba 141 de los municipios nicaragüenses. Sin embargo, tras ilegalizar a los principales partidos de la oposición y encarcelar a decenas de opositores, los sandinistas tenían las de ganar.
Parecían haber alcanzado de facto el estatus de partido único, arrebatando el control de los últimos 12 municipios que habían estado en manos de otros partidos, aunque estos grupos eran considerados colaboracionistas por gran parte de la oposición en el exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó el viernes su preocupación por la inexistencia en Nicaragua de "las condiciones mínimas necesarias" para celebrar elecciones libres y justas. Pidió al gobierno que restablezca las garantías democráticas y ponga fin a la represión.
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En el contexto político actual, las instituciones democráticas son sólo un cascarón formal. El declive de las instituciones democráticas se inició a principios de la década de 2000 y se intensificó gradualmente con el segundo, tercer y cuarto mandato de Ortega. Desde la victoria electoral de Daniel Ortega en 2006, el FSLN se ha convertido en el poder hegemónico y se ha asegurado el control de las instituciones democráticas y las administraciones de Nicaragua. Esto es más evidente en la celebración de elecciones. Ortega y el FSLN han logrado transformar paulatinamente las instituciones democráticas en autoritarias, marcadas por dos momentos importantes: la reforma de la Constitución en 2014 permitió a Ortega reelegirse indefinidamente y optar a su cuarto mandato en las elecciones de 2016; y tras el levantamiento de 2018, la intensidad de la represión transformó definitivamente el régimen en represivo y autoritario, muy similar en sus prácticas al régimen somocista. El control de Ortega y su esposa y vicepresidenta Murillo sobre la Asamblea Nacional, los gobiernos locales y las instituciones del Estado (por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral) ha contribuido a limitar la capacidad del Estado para impartir justicia, ha socavado la transparencia y el carácter democrático de las elecciones, ha eliminado la independencia de la administración pública y, en última instancia, ha impuesto los puntos de vista de Ortega y Murillo en todas las instituciones.
